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El camino de cinco abogadas para lograr que aprobaran la ley BIC

Cinco abogadas, algunos viajes, muchos minutos en Zoom y el desafío de lograr que una ley que consideran revolucionaria fuera aprobada por el Parlamento.

En esas líneas se podría definir el contexto en el que se ideó la ley de Sociedades Comerciales de Beneficios e Interés Colectivo (BIC), que fue aprobada por la Cámara de Senadores el pasado 15 de julio.

Magdalena Pereira, Natalia Hughes, Ivana Calcagno, Patricia Di Bello y Soledad Capurro son socias y están involucradas en el mundo de las empresas B –que tienen un impacto social, económico y medioambiental.

Al estar las cinco en el rubro, se enteraron de que en Argentina había un grupo de abogados que presentaron un proyecto de ley similar al que estaban pensando. “Nos enteramos y ¿qué hicimos? Nos tomamos un Buquebus para allá”, rememoró Hughes.

Una vez en Uruguay, comenzaron a afinar detalles para poder redactar el proyecto. De igual modo, no dejaron de debatir las ideas con otros colegas de diferentes partes del mundo, por ejemplo, de Estados Unidos.

Una vez que el proyecto de ley fue presentado, decidieron comenzar reunirse con académicos. “Es gente que para nosotros es muy importante, más bien referentes”, complementó Calcagno.

Durante ese proceso, Di Bello explicó que también escucharon a las empresas, ya que es un actor fundamental dentro de la ley.

También conversaron con expertos de otros países. “No queríamos que la legislación uruguaya estuviera por fuera del resto de los países que han avanzado. Buscamos uniformidad”, insistió Di Bello.

Uruguay fue el segundo país en presentar un proyecto de ley BIC y se convirtió en el cuarto en aprobar la legislación en la región. A su vez, a nivel global es el séptimo, por lo que el grupo de las cinco abogadas hicieron llamadas tanto a Perú como a Italia y Argentina.

A nivel regional, hay un movimiento legislativo sobre empresas B. Por lo que ahora, desde Uruguay, este grupo de mujeres está asesorando a otros países como por ejemplo México.

“La idea es ayudarlos a que las empresas de triple impacto tengan identidad legal”, explicó Hughes.

Calcagno añadió que muchas veces se piensa que este tipo de compañías son como una especie de ONG, pero en realidad tienen objetivos lucrativos como cualquier otra. Por eso, entre otras cosas, entendieron que era necesario generar un marco legal donde estas pudieran desenvolverse.

La etapa parlamentaria

Si bien las cinco son abogadas y conocen al dedillo los aspectos legislativos, necesitaban tener “un lazarillo” que las guiara por los vericuetos políticos.

En ese sentido, el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi fue quien se encargó de darle andamiaje al proyecto en las dos cámaras.

La relación con el político comenzó en 2017, cuando Goñi participó del primer Congreso de Abogados B.

En ese entonces, las socias habían presentado “fideicomiso BIC” y gracias a eso el legislador comenzó a interiorizarse en este tipo de temas.

Fue a través de la comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología que el proyecto de ley logró entrar al Parlamento. Las abogadas fueron varias veces al Palacio Legislativo, para participar de diversas sesiones y saber en qué estaba el proceso.

Todas coincidieron que la participación de Goñi fue clave en la última etapa. “Al no tener conocimiento político, para nosotras era un desafío poder seguir el proyecto en el Parlamento”, contó Calcagno.

Los desafíos

En el camino hacia la aprobación, las abogadas tuvieron una serie de obstáculos que saltar. Coincidieron que al ser un grupo, “cuando una se caía, había otra atrás y así fue siempre”, explicó Hughes.

El primer gran desafío era lograr una ley que no se politizara. Al ser las cinco empresarias, creen “fehacientemente” en el triple impacto y buscaron que todo resultara fortalecedor para el rubro.

“Nuestro cometido era que el beneficio fuera para toda la sociedad. Por eso siempre estuvimos arriba del proyecto y no descuidamos ningún aspecto”, enfatizó Hughes. También se encargaron de bajar las palabras a tierra, explicando para qué servía y cómo iba a impactar en el diario vivir de muchas empresas.

Por último, Calcagno apuntó al futuro. Si bien la ley ya es un hecho, ahora comienza la etapa de reglamentación. Para eso, las abogadas están trabajando en busca de los mejores decretos y reglamentos, que ayuden a implementar la novel legislación.

“Como decía un colega congresista: ‘hay que reglamentar para la sociedad y no para el Estado’”, dijo Calcagno, y agregó que ahora deberán buscar la forma de que la ley encuentre su cometido a favor de los actores del sector.

Por fuera de los desafíos, las cinco mujeres están conformes con lo logrado.

Sin embargo, esto no hace más que subir la vara para seguir avanzando.

“Es un impulso para seguir. Nada más, ni nada menos”, concluyó Hughes. 

Fuente: theworldnews.net

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